Actualmente se sostiene que un sistema tributario debe ser simple y transparente, hasta lograr recaudar recursos de una manera eficiente y eficaz, pero que promueva la equidad, a través de una tributación progresiva. En Honduras, recientemente se remitió al Congreso Nacional un nuevo Proyecto de Ley de Justicia Tributaria que pretende reformar el sistema tributario hondureño, principalmente básandose en el principio de progresividad que implica que se debe cobrar más impuestos al que más gana y menos impuestos al que menos gana, este es precisamente uno de los principios tributarios que con la reforma se pretende que sea reconocido a nivel Constitucional, entre otras reformas tributarias, ya que actualmente en la norma constitucional sólo se establece que “el sistema tributario se regirá por los principios de legalidad, proporcionalidad, generalidad y equidad de acuerdo con la capacidad económica del contribuyente”^[1]. Dentro de los aspectos más relevantes de dicho Proyecto de Ley, se destacan los siguientes: 

Cambio del sistema tributario territorial a un sistema de renta mundial: que con ello se busca gravar todas las rentas de fuente hondureña y fuente extranjera, obtenidas por personas naturales o jurídicas residentes o domiciliados en Honduras, originadas del trabajo, capital o la combinación de ambos, se eliminaría el secreto bancario para efectos tributarios y aduaneros, con la salvedad de que la custodia de la información bancaria sería responsabilidad del Director del Servicio de Administración de Rentas (SAR). Asimismo, se crearía un protocolo de información en conjunto con la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS) y elaboración de un régimen de sanciones para los funcionarios públicos del SAR. 

Por otro lado, se pretende aprobar la figura de beneficiario fiscal, con ello se crearía un Registro Central de Beneficiarios Finales administrado por el SAR, bajo ésta misma línea se ratificaría la Convención sobre Asistencia Administrativa Mutua en Materia Fiscal (MAAC) de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) para el intercambio de información con el resto de los países en el mundo.

También, se derogarían los beneficios fiscales contenidos en al menos diez (10) regímenes de exoneración fiscal, entre ellos: las Zonas Libres (ZOLI), el Régimen de Importación Temporal (RIT), las Zonas Industriales de Procesamiento (ZIP), el Régimen de Energía Térmica y de Energía Renovable, las Zonas Libres Turísticas (ZOLT), los beneficios fiscales contenidos en la Ley de Turismo (LIT), la Ley de Fomento al Turismo (LFT), la Ley de Fomento Agropecuario y Ley de Fomento a los Centros de Atención de Llamadas y Tercerización de Servicios Empresariales; cabe mencionar que dicha propuesta de ley se menciona que se respetaría el principio de irretroactividad de la ley para no afectar las exoneraciones ya otorgadas bajo estos regímenes, esto sin perjuicio de que se pueda cancelar el beneficio en caso de constatar abusos o incumplimiento de los objetivos contenidos en las leyes. Y por último, se crearía el Régimen de Incentivos para el Desarrollo (RINDE) y el Régimen de Zonas Francas para nuevas inversiones, ambos hasta por un plazo de al menos diez (10) años, prrorogables.  

Es importante mencionar que dichos régimenes priorizarían a quince (15) rubros productivos para las inversiones públicas, privadas y mixtas, entre ellos: 

1. Industrias de exportación, para fomentar la atracción de Inversión Extranjera Directa (IED) y la atracción de divisas. 
2. Agricultura, caficultura y ganadería, para asegurar la soberanía alimentaria y el desarrollo rural; 
3. Forestal y agroforestal, para el aprovechamiento del principal recurso natural que posee el Estado de Honduras, sus bosques; 
4. Agua y saneamiento, para avanzar hacia la cobertura universal del acceso al agua potable y el servicio de saneamiento; 
5. Energía, como un bien público de seguridad nacional y un derecho humano de naturaleza económica y social; 
6. Petróleo, como medio para avanzar hacia la independencia económica; 
7. Infraestructura, para facilitar la actividad productiva en todos los rubros y conectar interna y externamente la economía; 
8. Manufactura, como mecanismo para agregar valor a las materias primas que se producen en el país; 
9. Construcción, por demandar mucha mano de obra y producir bienes inmuebles con utilidades económicas y sociales duraderas; 
10. Producción artesanal, para rescatar las formas tradicionales de producción por su valor histórico, cultural y comunitario; 
11. Turismo alternativo, como un modelo social y ecológicamente sostenible; 
12. Producción artística y cultural, al ser necesidades humanas universales; 
13. Reparación y mantenimiento de equipo electrónico y mecánico, para reducir la dependencia a las importaciones; 
14. Start-ups e industria de desarrollo de software; 
15. Ciencia y tecnología, para incrementar la productividad. 

En la “exposición de motivos” de dicha propuesta de ley, se establece que se pretende cimentar las bases para construir un sistema tributario más justo y equitativo, sin crear nuevos impuestos o incrementar las tasas. Y que a su vez busca cerrar las brechas que permiten la evasión fiscal en el impuesto sobre la renta de los altos patrimonios de personas y empresas. 

Aunque hasta la fecha aún no hay claridad sobre a partir desde cuando la directiva del Legislativo lo incorporará a la agenda de las sesiones del Congreso Nacional ya que aún continúa socializándose con los diferentes sectores del país, por lo tanto, las disposiciones contenidas en el Proyecto de Ley, podrían sufrir modificaciones dentro del proceso de socialización, discusión y aprobación legislativa. 

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^[1] Artículo 351 de la Constitución de la República de Honduras.