Centroamérica y Panamá 2026: Panorama Macroeconómico, Institucional y Marco Legal para la Inversión Extranjera
Novis Estudio Legal — Serie de Análisis Regionales, N.° 1 | Abril 2026
Novis Estudio Legal, firma con presencia en la región centroamericana, presenta el primer número de su serie de análisis sobre el entorno de inversión en el istmo. El propósito de esta serie es ofrecer al inversionista extranjero y a sus asesores legales una lectura integrada del panorama económico, institucional y jurídico de cada jurisdicción, apoyada en fuentes primarias internacionales y en el conocimiento práctico de los mercados en que la firma opera.
El panorama de la inversión extranjera directa (IED) en Centroamérica y Panamá al inicio de 2026 se define por una reconfiguración estructural de las ventajas comparativas tradicionales. La región está transitando de un modelo basado en recursos naturales y manufactura de bajo costo hacia uno de resiliencia operativa y especialización tecnológica. Aunque la economía global enfrenta una incertidumbre histórica derivada de tensiones comerciales y geopolíticas, el istmo centroamericano se posiciona como un corredor crítico para la relocalización de suministros industriales —el nearshoring— gracias a una convergencia de reformas legales, modernización energética e integración digital que está reduciendo las barreras burocráticas a la inversión.
Este informe analiza la radiografía económica, el entorno sociopolítico y los marcos de seguridad jurídica que rigen en Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá, proporcionando una base de conocimiento para la toma de decisiones estratégicas de inversión en la región.
Resumen Ejecutivo
La subregión centroamericana proyecta un crecimiento del 3.4% para 2026, superando el promedio latinoamericano del 2.3% estimado por la CEPAL. Costa Rica y Panamá lideran en sofisticación económica y seguridad jurídica, mientras que Guatemala y Honduras ofrecen escala de mercado y ventajas en costos operativos. El Salvador y Nicaragua presentan los mayores riesgos institucionales de la región: el primero por la concentración del poder político y la erosión de la independencia judicial; el segundo por la persistencia de sanciones internacionales y el aislamiento político del régimen. Los marcos de arbitraje internacional, el CAFTA-DR y los tratados bilaterales de inversión (TBI) son los instrumentos centrales de protección para el inversionista extranjero. En todas las jurisdicciones del istmo, una estructura jurídica bien planificada (con cláusulas de arbitraje y elección de ley adecuadas, entre otros) no es un complemento opcional, sino un requisito para la gestión efectiva del riesgo.
Radiografía Económica Regional: Crecimiento, Tamaño de Mercado y Sectores Dinámicos
La dinámica económica de Centroamérica en 2026 supera el promedio de crecimiento de América Latina y el Caribe, posicionando a la subregión como una de las más resilientes del hemisferio. Mientras que la CEPAL proyecta una expansión regional del 2.3% para 2026, la subregión centroamericana estima un crecimiento del 3.4%, impulsado por el dinamismo en el consumo interno, el repunte de las exportaciones no tradicionales y el flujo constante de IED hacia sectores de alto valor agregado en varios de los países de la región.
El análisis más reciente del Banco Mundial identifica que el crecimiento en Guatemala, El Salvador y Honduras se apoya en la entrada de remesas, el dinamismo en las exportaciones de servicios y una integración progresiva en las cadenas de valor regionales. Esta divergencia en el rendimiento económico refleja la efectividad (aunque parcial y heterogénea) de las políticas de diversificación productiva adoptadas en la última década, y subraya la importancia de una lectura diferenciada por jurisdicción.
Análisis Comparativo del PIB y Proyecciones de Crecimiento
El tamaño de mercado y la velocidad de expansión varían significativamente entre las seis jurisdicciones analizadas, lo que exige una segmentación por objetivos de inversión: volumen de mercado, sofisticación en la cadena de suministro o posicionamiento logístico.
| País | PIB 2024 (USD Miles de Millones) | Crecimiento PIB 2025 (P) | Crecimiento PIB 2026 (P) | Inflación 2024 (Anual %) |
| Guatemala | 113.2 | 3.9% | 4.1% | 2.9% |
| Panamá | 86.3 | 3.9% | 4.6% | 2.0% (est.) |
| Costa Rica | 95.4 | 3.6% | 3.6% | -0.4% |
| Honduras | 37.1 | 3.5% | 3.5% | 4.6% |
| El Salvador | 35.4 | 2.5% | 3.4% | 0.9% |
| Nicaragua | 19.7 | 3.1% | 3.5%–4.5% | 4.6% |
Guatemala se mantiene como la economía de mayor escala en términos absolutos, respaldada por una gestión macroeconómica disciplinada y el nivel de deuda/PIB más bajo de la región (aproximadamente el 25.2%). Panamá proyecta el crecimiento más acelerado para 2026, apalancado en una inversión estratégica de 8,500 millones de dólares en la infraestructura del Canal y en la diversificación hacia servicios tecnológicos y semiconductores. Costa Rica continúa consolidándose como el líder en sofisticación exportadora, con el sector de dispositivos médicos representando el 48% del total de sus exportaciones de bienes.
Desde una perspectiva jurídica, el crecimiento sostenido de estas economías genera una demanda creciente de servicios legales especializados en estructuración de IED, fusiones y adquisiciones, propiedad intelectual y cumplimiento regulatorio. La estabilidad macroeconómica de Guatemala, Panamá y Costa Rica, en particular, ofrece un entorno predecible para la estructuración de operaciones de largo plazo.
Sectores Dinámicos e Impulsores de la IED en 2026
La inversión en la región ya no se limita a la explotación de recursos naturales o manufactura de bajo costo; el foco se ha desplazado hacia la integración en ecosistemas globales de tecnología y resiliencia climática.
La manufactura avanzada ha encontrado en Costa Rica y Panamá un terreno fértil. Costa Rica se ha convertido en el tercer receptor mundial de proyectos de IED en dispositivos médicos, atrayendo a más de 100 empresas multinacionales —entre ellas Baxter, Abbott e Intel— gracias a la labor de CINDE y a un ecosistema de proveedores locales especializados en metalmecánica, plásticos y esterilización. El ingreso al mercado costarricense en este sector exige cumplimiento con las regulaciones de la Caja Costarricense de Seguro Social, el régimen de propiedad industrial vigente y los estándares de libre zona, aspectos que deben integrarse desde la etapa de estructuración del proyecto.
El sector energético representa una oportunidad de inversión de 10,000 millones de dólares en el corto plazo. Los gobiernos de la región han priorizado proyectos de energía renovable y el fortalecimiento de la red de interconexión regional (SIEPAC). Los proyectos en este sector requieren concesiones gubernamentales, evaluaciones de impacto ambiental y, en varios casos, negociaciones directas con el Estado, lo que hace indispensable el acompañamiento legal especializado en derecho público y regulatorio desde las fases de licitación.
La logística y el comercio electrónico están redefiniendo el uso de la infraestructura regional. El e-commerce en Centroamérica se aproxima a los 180,000 millones de dólares en ventas minoristas, lo que presiona la demanda de bodegas inteligentes y zonas de procesamiento de exportaciones. En Honduras y El Salvador, el nearshoring ha impulsado plataformas como el Green Valley Advanced Manufacturing Hub y Altia Smart City, que integran servicios industriales con operaciones de IT y soporte corporativo. La operación en zonas francas implica regímenes fiscales especiales y marcos laborales diferenciados que requieren una estructuración legal cuidadosa para maximizar los incentivos sin generar contingencias futuras.
Entorno Sociopolítico e Institucional para los Negocios
La estabilidad institucional en Centroamérica para 2026 muestra un patrón de dualidad y heterogeneidad: esfuerzos de disciplina macroeconómica conviven con desafíos significativos en la calidad de la gobernanza y el Estado de derecho.
Gobernanza y Estabilidad Política
El clima político en 2026 refleja procesos de consolidación de liderazgos con enfoques pro-negocios en la mayor parte de la región. No obstante, la centralización del poder y la erosión de las salvaguardas institucionales en El Salvador y Nicaragua representan los vectores de riesgo más relevantes para el inversionista extranjero.
Costa Rica mantiene la mayor solidez institucional del istmo. La alternancia política no ha interrumpido los marcos de atracción de inversión ni ha generado cambios abruptos en la política regulatoria, lo que convierte al país en la jurisdicción de menor riesgo institucional de la región para operaciones de largo plazo.
Guatemala exhibe la disciplina fiscal más sólida de la subregión. Su marco de inversión extranjera garantiza trato nacional y libre repatriación de utilidades, aunque la debilidad del sistema judicial ordinario hace necesario el uso de mecanismos alternativos de resolución de disputas en contratos comerciales relevantes.
Honduras ha mantenido una actitud ambivalente hacia la inversión privada bajo la administración actual. Las tensiones en torno a las Zonas Especiales de Desarrollo Económico (ZEDE) -cuyo marco legal ha sido objeto de disputas parlamentarias y judiciales prolongadas desde 2022- ilustran el riesgo de cambio regulatorio que enfrentan los inversionistas con activos en regímenes especiales. Cualquier proyecto en Honduras requiere una due diligence legal rigurosa sobre el régimen normativo aplicable a la zona geográfica y sectorial específica.
El Salvador presenta un perfil de riesgo institucional que ha escalado de forma notable desde 2022. La concentración de poder en el Ejecutivo, la subordinación del Poder Judicial y del Ministerio Público al control político, y la prórroga sostenida del régimen de excepción son factores recogidos por el World Justice Project, que lo ubica en el puesto 114/143. Aunque Honduras se ubica en la posición 116 y Nicaragua en la 139, la caída en este y otros indicadores de la calidad del Estado de derecho en El Salvador ha sido la más significativa en los últimos cinco años en toda la región.
Para el inversionista, esto se traduce en incertidumbre en la ejecución contractual, riesgos en la protección de derechos de propiedad y limitaciones a los mecanismos ordinarios de resolución de disputas. En este contexto, las cláusulas de arbitraje internacional no son una opción sino un requisito para cualquier operación de IED acá como en prácticamente toda la región. En El Salvador, la Ley Bitcoin de 2021 y el marco regulatorio de activos digitales (si bien el gobierno ha matizado la aplicación obligatoria de la primera en el marco de negociaciones con el FMI) sigue generando incertidumbre regulatoria en transacciones comerciales denominadas en moneda fiduciaria.
Nicaragua es la jurisdicción de mayor riesgo del istmo. El gobierno opera bajo un aislamiento político y económico creciente: las sanciones del Departamento del Tesoro de EE.UU. (OFAC) bajo la Ley NICA y las medidas restrictivas de la Unión Europea limitan las transacciones financieras y exponen a contrapartes a sanciones secundarias. La IED se mantiene principalmente en sectores extractivos donde el umbral de tolerancia al riesgo es elevado. Toda operación en este mercado requiere un análisis exhaustivo de cumplimiento de sanciones (sanctions compliance) y una estructura jurídica diseñada para mitigar la exposición regulatoria en terceras jurisdicciones antes de su implementación. La inversión en otros sectores también es posible bajo rigurosas cautelas y protecciones a la inversión.
El Estado de Derecho: Implicaciones para la Inversión
El Índice de Estado de Derecho 2025 del World Justice Project y el Índice de Democracia de la Unidad de Inteligencia de la revista The Economist confirman desafíos institucionales que ningún análisis de inversión en la región puede ignorar en materia de Estado de derecho, democracia y corrupción. Costa Rica se mantiene como el referente regional indiscutible, en el puesto 28 a nivel mundial.
| País | Ranking Global WJP 2025 | Ranking WJP: Ausencia de Corrupción | The Economist Intelligence Unit Democracy Index |
| Costa Rica | 28 / 143 | 43/143 | 8.29/10 |
| Panamá | 73 / 143 | 93/143 | 6.84/10 |
| Guatemala | 110 / 143 | 112/143 | 4.55/10 |
| El Salvador | 114 / 143 | 115/143 | 4.61/10 |
| Honduras | 116 / 143 | 121/143 | 4.98/10 |
| Nicaragua | 139 / 143 | 130/143 | 2.09/10 |
Fuente: World Justice Project, Rule of Law Index 2025. The Economist Intelligence Unit Democracy Index 2024 (publicado 2025).
La lectura integrada de estos indicadores permite categorizar las jurisdicciones en tres niveles de riesgo jurídico-institucional: bajo (Costa Rica, Panamá), moderado (Guatemala, Honduras) y elevado (El Salvador, Nicaragua). Esta categorización debe guiar directamente la elección del derecho aplicable, el foro de resolución de disputas y la estructura contractual de cualquier operación de inversión en el istmo.
Tratados Comerciales y Relación Estratégica con Estados Unidos
La posición geopolítica de la región está estrechamente ligada a su relación con Estados Unidos. Como respuesta a la creciente influencia de China, la administración estadounidense ha revitalizado sus vínculos políticos y económicos con el istmo.
La Madurez del CAFTA-DR y Nuevos Marcos Comerciales
El Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica, República Dominicana y Estados Unidos (CAFTA-DR) alcanzó su fase de implementación total el 1 de enero de 2025, con arancel cero para casi todos los bienes industriales y agrícolas (incluyendo productos sensibles como arroz y lácteos), tras 20 años de desgravación gradual. Más allá de su dimensión arancelaria, el Capítulo 10 del CAFTA-DR provee un estándar de trato justo y equitativo, protección contra expropiación sin indemnización y acceso al arbitraje inversionista-Estado bajo las reglas del CIADI y el CNUDMI. Esta capa de protección jurídica es relevante de forma particular en jurisdicciones con sistemas judiciales nacionales debilitados, como Nicaragua, El Salvador y Honduras.
Estados Unidos alcanzó recientemente nuevos “Marcos para el Acuerdo sobre Comercio e Inversión Recíproca” con Guatemala y El Salvador, estableciendo exenciones a los aranceles globales del 10% para productos que favorezcan el uso de insumos regionales. Estos marcos representan un incentivo adicional para el nearshoring en estas jurisdicciones, aunque su instrumentación jurídica específica debe ser verificada caso a caso.
Marco Legal para la Inversión Extranjera: Análisis por Jurisdicción
La seguridad jurídica es el cimiento de la inversión sostenible. A continuación se analiza el régimen de protección de la IED en cada una de las seis jurisdicciones, los mecanismos de resolución de disputas disponibles y la red de tratados bilaterales de inversión aplicables.
Tabla: Inversión Extranjera Directa (IED) en Centroamérica y Panamá 2025
| País | IED 2024* (USD mill.) | IED 2025 (USD mill.) | Var. 2025/2024 | Estado del dato | Principales sectores (2025) |
| Costa Rica | 5,114 | 5,122 | +0.2% | Definitivo (BCCR/PROCOMER, abr. 2026) | Manufactura avanzada (76%), zona franca; disp. médicos |
| Panamá | 3,240 | 905 | -72.1% | Provisional (Contraloría, cierre 2025) | Serv. financieros, logística; caída por salida de capitales |
| Guatemala | 1,695 | 1,875 | +10.6% | Proyección oficial (Banguat, cierre 2025) | Serv. financieros y seguros, manufactura, comercio |
| Nicaragua | 1,397 | 1,503 | +7.6% | Definitivo (BCN, cierre 2025) | Energía y minas, intermediación financiera, industria |
| Honduras | 994 | 881 | -11.2% | Preliminar (BCH, ene. 2026) | Serv. financieros y seguros (69%), maquila |
| El Salvador | 640 | 475 | -25.8% | Definitivo (BCR, cierre 2025) | Actividades financieras, comercio, industria |
* Dato 2024 de Costa Rica corresponde a cifra revisada del BCCR ($5,113.5 mill.); Panamá 2024 según estimación CEPAL 2025. Fuentes: Banco Central de Costa Rica (BCCR) / PROCOMER (abr. 2026); Contraloría General de Panamá (2025); Banco de Guatemala – Banguat (2025); Banco Central de Nicaragua – BCN (2025); Banco Central de Honduras – BCH (ene. 2026); Banco Central de Reserva de El Salvador – BCR (2025). Cifras en millones de dólares (USD), flujos netos. El dato de Panamá refleja una contracción pronunciada vinculada a salidas de capital en el segundo trimestre de 2025; las cifras preliminares de otros organismos pueden diferir.
Protección de la Inversión Extranjera: Marcos Normativos
Guatemala cuenta con la Ley de Inversión Extranjera (Decreto 9-98), que garantiza trato nacional, libre repatriación de capitales y utilidades, y prohibición de expropiación sin indemnización justa y previa. Guatemala es Estado Contratante del CIADI desde 2003, lo que habilita el arbitraje inversionista-Estado en virtud del Capítulo 10 del CAFTA-DR. Asimismo, el régimen de zonas francas (Decreto 65-89) ofrece incentivos fiscales de primer nivel para manufactura y exportación. La debilidad del sistema judicial ordinario hace indispensable la inclusión de cláusulas arbitrales internacionales en contratos comerciales de relevancia, así como una due diligence exhaustiva sobre derechos reales antes de cualquier adquisición de activos.
El Salvador dispone de la Ley de Inversiones (Decreto Legislativo 732), que reconoce el principio de trato nacional y la libertad de repatriación. Además, recientemente aprobó la Ley para el Fomento de la Expansión de las Inversiones (Decreto Legislativo 498) que crea incentivos fiscales para la expansión de las operaciones de inversiones ya existentes . El país es miembro del CIADI desde 1984. Sin embargo, el entorno institucional actual (caracterizado por la concentración de poder en el Ejecutivo y la erosión de la independencia judicial) incrementa materialmente el riesgo de litigación nacional ineficaz. Se recomienda estructurar toda operación con cláusulas de arbitraje internacional bajo reglas del CIADI o CNUDMI, elección de ley neutral y, donde sea posible, incorporación de la entidad inversora en una jurisdicción con TBI aplicable al amparo del CAFTA-DR.
Honduras es miembro del CIADI desde 1989 y su régimen de inversión extranjera está regulado por la Ley para la Promoción y Protección de las Inversiones (Decreto 51-2011). La controversia en torno a las ZEDE ilustra el riesgo de cambio regulatorio en regímenes especiales. Los proyectos en Honduras requieren una revisión legal detallada del régimen aplicable a cada zona geográfica y la inclusión de cláusulas de estabilización jurídica en los contratos con el Estado.
Nicaragua es miembro del CIADI desde 1995 y cuenta con una nueva Ley de Inversiones Extranjeras (Ley 1240) que regula derechos y garantías de los inversionistas y también estrictos estándares de registro y vigilancia estatal. El entorno de sanciones internacionales (medidas del OFAC bajo la Ley NICA y restricciones de la Unión Europea) restringe severamente la capacidad de operación para inversionistas de jurisdicciones occidentales. Cualquier transacción con contrapartes nicaragüenses exige un análisis previo de cumplimiento de sanciones para evitar exposición en terceras jurisdicciones. La protección ofrecida por los mecanismos nacionales de resolución de disputas es, en la práctica, de eficacia limitada en el contexto político actual.
Costa Rica cuenta con el marco jurídico más sólido y predecible de la región. Miembro del CIADI desde 1993, tiene la Ley para la atracción de inversionistas, rentistas y pensionados (Decreto No. 9996) y dispone del Centro Internacional de Conciliación y Arbitraje (CICA), adscrito a la Cámara de Comercio de Costa Rica, como plataforma de resolución de disputas reconocida por su neutralidad técnica. El régimen de inversión extranjera costarricense no establece restricciones sectoriales generales, y los contratos con el Estado están sujetos a la Ley de Contratación Pública, que ofrece procedimientos reglados y mecanismos de impugnación. El país cuenta además con una red activa de TBI con socios estratégicos de Europa, Asia y América.
Panamá ofrece el marco de arbitraje más desarrollado del istmo. La Ley 131 de 2013 posiciona al país como un hub de arbitraje comercial con centros especializados en disputas marítimas, bancarias y de contratos internacionales. Panamá es miembro del CIADI desde 1996, y el Tratado de Libre Comercio entre Panamá y Estados Unidos (en vigor desde 2012) provee protecciones adicionales para el inversionista estadounidense equiparables a las del CAFTA-DR. El régimen de la Zona Libre de Colón y las zonas económicas especiales ofrecen incentivos fiscales que deben estructurarse con asesoría especializada para optimizar su aprovechamiento sin crear contingencias futuras.
Red de Tratados Bilaterales de Inversión (TBI)
Además de las protecciones del CAFTA-DR, las seis jurisdicciones han suscrito tratados bilaterales de inversión con numerosos socios. Según el Investment Policy Hub de la UNCTAD, Guatemala, Costa Rica y Panamá cuentan con las redes de TBI más amplias de la subregión, con cobertura para inversiones provenientes de la Unión Europea, España, Taiwán y otros socios comerciales relevantes. El inversionista debe identificar el tratado aplicable según la nacionalidad de la entidad vehicular antes de estructurar la inversión, dado que los estándares de protección y los umbrales de reclamación varían entre instrumentos. La elección de la jurisdicción de incorporación de la entidad inversora, frecuentemente distinta al país de operación, puede ampliar significativamente la cobertura de protección disponible.
Algunos centros de arbitraje de la región avanzan hacia estándares internacionales para compensar las debilidades de los sistemas judiciales nacionales. Panamá y Costa Rica son los más avanzados, pero la Reed Smith/ITA Latin America Guide 2026 documenta un crecimiento notable en la institucionalización del arbitraje comercial en Guatemala y Honduras como alternativa al litigio ordinario.
Indicadores Demográficos y Capital Humano: El Factor Talento
La demografía regional presenta el denominado “bono demográfico”, aunque con señales de transición hacia una población más envejecida en el mediano plazo. Para el inversionista, el capital humano es tanto una oportunidad como un reto regulatorio: la contratación en mercados con alta informalidad laboral requiere estructuras de cumplimiento laboral y de seguridad social que minimicen la exposición a contingencias.
| País | Población 2024 (Millones) | Crecimiento Poblacional (%) | Desempleo 2025 (%) | Usuarios de Internet (%) |
| Guatemala | 18.4 | 1.5% | 2.6% | 56% |
| Honduras | 10.8 | 1.7% | 4.9% | 58% |
| Nicaragua | 6.9 | 1.3% | 5.0% | 58% |
| El Salvador | 6.3 | 0.5% | 3.3% | 68% |
| Costa Rica | 5.1 | 0.5% | 6.8% | 85% |
| Panamá | 4.6 | 1.3% (est.) | 7.7% | 70%+ |
En Costa Rica, la IED de alta tecnología ha impulsado reformas en la educación técnica, con una expansión sostenida en la capacitación en ingeniería y dominio del inglés. En Guatemala y Honduras, la amplia base poblacional joven representa una ventaja competitiva en manufactura y servicios operativos, aunque la alta tasa de informalidad laboral -que en Guatemala y Honduras superan el 80% de la fuerza de trabajo- plantea desafíos de cumplimiento en materia de seguridad social, contratación y nómina que deben ser atendidos desde el diseño del modelo operativo. En Panamá, las restricciones a la contratación de mano de obra extranjera establecidas en el Código de Trabajo (cuotas de trabajadores extranjeros) son un aspecto regulatorio que debe considerarse en la planificación de recursos humanos para proyectos de inversión en el país. El Banco Mundial advierte que la alta tasa de informalidad laboral sigue siendo un obstáculo estructural para los avances en productividad a largo plazo en toda la región.
Conclusiones y Recomendaciones Estratégicas
El análisis de 2026 confirma que Centroamérica y Panamá constituyen un corredor de inversión con ventajas diferenciadas y perfiles de riesgo heterogéneos. La región ofrece oportunidades reales para el inversionista extranjero que llegue con una estrategia jurídica y de gestión de riesgos calibrada para cada jurisdicción.
1. Segmentación por jurisdicción y objetivo. La elección del país debe responder a la ventaja específica buscada: por ejemplo, logística y servicios financieros en Panamá, manufactura avanzada e innovación en Costa Rica, escala de mercado en Guatemala, costos operativos competitivos en el Triángulo Norte. La jurisdicción de incorporación de la entidad inversora puede ser distinta al país de operación, y esa decisión tiene implicaciones fiscales, laborales y de protección de inversiones que requieren análisis especializado.
2. Gestión del riesgo jurídico-institucional. La incorporación de cláusulas de arbitraje internacional bajo reglas del CIADI o CNUDMI es imprescindible en todos los contratos comerciales y de inversión en la región. En El Salvador y Nicaragua, esta protección no es optativa: es la única garantía realista de acceso a una instancia neutral en caso de disputa con contraparte local o gubernamental.
3. Evaluación financiera y fiscal. La profundidad financiera es desigual en la región y los regímenes fiscales varían significativamente entre jurisdicciones y entre regímenes especiales. Los incentivos de zonas francas, maquila y zonas económicas especiales requieren estructuración legal cuidadosa para maximizar su beneficio y evitar contingencias futuras.
4. Monitoreo regulatorio continuo. El entorno normativo en la región es dinámico. Los cambios en política de sanciones en Nicaragua, las tensiones sobre regímenes especiales en Honduras, la evolución del marco de activos digitales en El Salvador y el ciclo electoral en Costa Rica son factores que exigen seguimiento legal permanente.El equipo de Novis Estudio Legal está disponible para acompañar a inversionistas y sus asesores en la estructuración, due diligence y gestión legal de proyectos en la región. Los próximos artículos de esta serie abordarán en profundidad cada jurisdicción: sus marcos regulatorios sectoriales, el régimen tributario aplicable a la IED y los mecanismos de protección contractual disponibles.
Fuentes
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